SOBRE EL DERECHO A DECIDIR

Un producto genuinamente español

Los graves problemas sociales y económicos de Cataluña han quedado eclipsados por el debate sobre la independencia, que está actuando como una eficaz cortina de humo para una clase política cuestionada (como en toda España) por su incompetencia, su parasitismo y su corrupción.

En este debate, que amenaza con causar profundas divisiones en la sociedad catalana, juega un papel fundamental el “derecho a decidir”.  

Parece que debemos la invención de ese supuesto derecho al nacionalismo vasco, que lo fraguó en tiempos del Plan Ibarretxe. El derecho de autodeterminación,  tal como se recoge en la legislación internacional y se conoce en todo el mundo, planteaba numerosos problemas conceptuales que lo hacían inaplicable en el caso de una región española. Resultaba necesario inventar una nueva expresión con un significado parecido pero suficientemente ambigua, atractiva en términos de marketing político, y libre de cualquier connotación tercermundista. El derecho a decidir cumplía con las condiciones anteriores.

En los últimos años, los académicos nacionalistas se han esforzado por encontrar a toda prisa las bases teóricas, los precedentes, y los ejemplos internacionales que legitimaran el invento y le dieran credibilidad. Los casos de Quebec, las antiguas repúblicas soviéticas, Escocia, Kosovo, etc. son invocados constantemente, obviando deliberadamente las numerosas y determinantes diferencias que se producen con el caso catalán.

La propia definición del supuesto derecho presenta muchas dificultades. Más allá de definiciones coloquiales, propias de cartelería electoral (“el derecho de un pueblo a decidir su futuro”) no existe una definición clara y compartida del derecho a decidir: a quién aplica, cómo y en qué condiciones se ejerce, cuáles son sus límites, etc.

En definitiva, estamos ante una idea novedosa, sin base jurídica alguna y sin bases teóricas claras.  Nadie fuera de nuestro país utiliza la expresión “derecho a decidir” con el significado que aquí se le ha querido dar. Un invento genuinamente español, vaya.

Se non è vero, è ben trovato

Pese a lo que hemos afirmado en el punto anterior, en términos políticos el derecho a decidir ha sido un hallazgo extraordinario para los nacionalistas, que les ha permitido:

a)     Disimular sus verdaderos objetivos: el derecho a decidir es mucho más aceptable y genera menos rechazo dentro y fuera de Cataluña que la independencia o la secesión a secas. Es el mejor camuflaje del independentismo, una trampa perfecta para atraer el apoyo de grupos y partidos no nacionalistas.

b)     Ganar tiempo: para muchos nacionalistas, Cataluña no está preparada social y económicamente todavía para consumar la separación del resto de España. El ejercicio del derecho a decidir, con sus negociaciones anteriores y posteriores, proporciona un valioso tiempo para prepararse en todos los sentidos.

c)     Confundir y dividir a sus adversarios: algunos partidos y muchos grupos o personalidades contrarias a la independencia se han dejado engañar por la naturaleza aparentemente democrática del derecho a decidir. ¿Qué tiene de malo votar? ¿Por qué no preguntarle a la gente lo que quiere? ¿No es la mejor forma de solucionar los problemas?

En los últimos meses, ha crecido el número de personas que se atreven a afirmar que el derecho a decidir es sinónimo de democracia. A los que cuestionamos ese supuesto derecho se nos acusa de “temer a las urnas”. De oponer la “legalidad española” a la “legitimidad democrática catalana”. De no tener argumentos para oponernos…

Lo cierto es que la respuesta a la avalancha propagandística del nacionalismo ha sido en general débil y torpe. Sin embargo, no creo que sea por falta de razones. En las próximas líneas me propongo dar unas cuantas.

¿Por qué debemos considerar el derecho a decidir como un engaño?

Creo que lo que en Cataluña se está planteando como derecho a decidir es un fraude y debemos rechazarlo por los siguientes motivos:

1.      Se limita a un único sujeto de decisión (el pueblo catalán), y se niegan otros sujetos de decisión o de soberanía. Los catalanes no sólo estaríamos decidiendo sobre nuestro futuro, sino muy directamente sobre los 40 millones de españoles restantes.  ¿No tienen ellos nada que decir? Actuando de ese modo, ¿podremos reclamar en el futuro cualquier tipo de solidaridad o de respeto al interés común cuando nos convenga? En una época caracterizada por la cesión paulatina de soberanía a instituciones supranacionales, ¿tiene sentido esta fragmentación de la soberanía?

2.      Se plantea de forma oportunista. Hace pocos años, los nacionalistas no parecían tan preocupados por el derecho a decidir de los catalanes. Sin embargo, ahora que las circunstancias parecen beneficiarlos, el lema “tenim pressa” (tenemos prisa) se ha convertido en uno de sus favoritos. ¿Es así como funcionan los derechos fundamentales de un pueblo? ¿Son derechos de “quita y pon” en función de cómo evolucionen las encuestas? Si éstas dieran un apoyo claramente minoritario a la independencia, como ha ocurrido hasta hace poco, ¿habría tanto interés en ejercer el derecho a decidir?

En la situación de crisis que padecemos, los nacionalistas no han tenido escrúpulos a la hora de lanzar un anzuelo económico a los grupos sociales con peores expectativas: “queremos y merecemos vivir mejor”. Sus argumentos están dirigidos a pescar en el río revuelto de la crisis.

El carácter oportunista y meramente instrumental que algunos nacionalistas pretenden darle al derecho a decidir queda de manifiesto en sus declaraciones públicas: “[la consulta] se tiene que hacer para ganarla, no la hemos de organizar para perderla” (Oriol Pujol, 17/12/2012).  

3.      No recoge la pluralidad de la sociedad catalana, en la que se dan múltiples identidades nacionales y opiniones sobre la estructura del Estado. Sin embargo, se pretende plantear una pregunta de carácter cerrado, incluso con una respuesta dicotómica (SI/NO) sobre tan sólo una de las posibles opciones (la independencia). El nacionalismo espera que, forzando la decisión de esta manera, un grupo importante de personas que en otras circunstancias preferirían una opción más moderada se decante por otra más radical.

4.      Se fuerza una decisión de consecuencias imprevisibles e irreversibles. El derecho a decidir no se puede ejercer cada 4 años, ni cada 8, ni cada 15 años. Es un derecho, digámoslo así, de un solo uso. Una vez ejercido, produce efectos profundos e irreversibles. Si un tiempo después de “decidir” los catalanes quisieran rectificar su elección o cambiarla, sencillamente no podrían hacerlo.

5.      Se excluyen otras cuestiones de suma importancia para el futuro. Se nos dice que lo que está en cuestión es el futuro de los catalanes. Pero está claro que ese futuro depende de muchos factores, y no sólo de la relación que Cataluña tuviera con el resto de España. ¿Se le preguntará a los catalanes sobre otras políticas, se pedirá su opinión sobre otras decisiones trascendentales? Más bien parece que las preguntas se quieren limitar a aquello que le interesa a los nacionalistas, o aquello que éstos dicen que le interesa al pueblo.

6.      Se abre la puerta a otras reclamaciones territoriales y grupales, a un cantonalismo dentro de Cataluña. ¿Qué impediría que otros grupos sociales dentro de Cataluña plantearan su propio “derecho a decidir”? Si, pongamos por caso, la mayoría de los habitantes de una ciudad, una comarca o una provincia catalana decidieran separarse del resto de Cataluña, ¿se les reconocería ese mismo derecho?  

En este sentido, es conveniente recordar de nuevo la importancia de la economía en el debate sobre la independencia, y que la riqueza no está repartida por igual en el interior de Cataluña. ¿Por qué los habitantes de la rica Barcelona deberían tener más solidaridad con los de Lérida o las Tierras del Ebro que con los de Jaén?

7.      No es un buen método de resolución de conflictos. La aplicación del derecho a decidir a través de una consulta supondría resolver cuestiones sumamente delicadas: ¿cuál sería el nivel de participación requerido para considerar que el resultado es válido? ¿Qué nivel de apoyo debería reunir una de las opciones planteadas para producir consecuencias? Mucho me temo que no sería posible dar una respuesta ampliamente aceptada a estas cuestiones.

Si de lo que se trata es de cambiar nuestro marco básico de convivencia, lo más lógico es reemplazarlo por uno que genere más consenso.  La Constitución vigente fue aprobada con un voto afirmativo del 90% y una participación del 68%, datos con los que ni los más optimistas partidarios del “Estado propio” pueden llegar a soñar.

La mera aplicación del principio de la mayoría es desaconsejable para decisiones trascendentales que requerirán de un fuerte apoyo popular posterior.  Si una opción consigue imponerse a otra por un margen estrecho, se corre el riesgo de que la minoría se descuelgue y no se sienta comprometida. Es preferible que todos cedan y todos ganen en negociación que dé lugar a un acuerdo respaldado por un amplio consenso.

8.      El desconocimiento o la incertidumbre sobre las consecuencias de la decisión es altísima. Es prácticamente imposible predecir las consecuencias económicas y políticas de una de las opciones en juego, la independencia. Los catalanes se enfrentarían a las urnas desconcertados, en medio de una batalla de cifras e informaciones contradictorias sin que fuera posible evaluar los riesgos y potenciales beneficios de cada opción a través de un análisis sereno.

¿Saldría Cataluña de la UE? ¿Perdería parte de sus principales mercados?  Es verdad que nadie puede predecir el futuro, pero el salto que se pretende dar es demasiado alto como para conformarse con echarle un vistazo al agua desde arriba.

9.      No se dan las condiciones de neutralidad de las instituciones y medios públicos necesarias para plantear una decisión de ese tipo. Fijada una fecha para la consulta,  lo más probable es que la intensa propaganda del nacionalismo se intensificara, y la presión sobre los grupos partidarios de la permanencia en España se agravara. Sobran razones para dudar de la imparcialidad de las instituciones catalanas, de los medios públicos y privados de comunicación, y del papel de una “sociedad civil” (sindicatos, asociaciones de todo tipo, colegios profesionales, etc.) fuertemente penetrada por el nacionalismo y dependiente del dinero público.

Muy bien –se me dirá– puede que todas o alguna de las objeciones que planteas sean correctas. Pero el derecho a decidir sigue siendo una demanda ampliamente mayoritaria de la sociedad catalana, y como tal hay que darle respuesta.

Tratemos ahora esa cuestión.

¿Un clamor de la sociedad catalana?

En las elecciones autonómicas de noviembre de 2.012, varios partidos incluyeron en su programa la defensa del derecho a decidir. La suma de sus apoyos electorales representa una clara mayoría del electorado. La reciente votación del Parlamento de Cataluña han confirmado que la mayoría de los partidos catalanes está de acuerdo con el derecho a decidir. Algunas encuestas realizadas en los últimos tiempos mostrarían que la “realización de una consulta sobre el futuro de Cataluña” tendría un apoyo cercano al 70% de la población. Todos estos datos son aprovechados por el nacionalismo como el argumento definitivo en favor de la consulta.

Ante este aparente clamor de la sociedad catalana, debo plantear las siguientes cuestiones:

·        ¿Comparten los partidos que lo incluyeron en su programa la misma idea sobre el derecho a decidir? Los programas de algunos de los partidos que lo defendieron fueron ambiguos en cuanto a su naturaleza, su alcance o la forma de ejercerlo. ¿Qué proponían exactamente y qué apoyaron sus votantes?

·        ¿Es posible que los partidos catalanes vayan más allá de la superficial y equívoca declaración aprobada hasta ahora en el Parlament, y definan los contornos de ese derecho a decidir? Algunos partidos catalanes son aficionados a los brindis al sol y a los gestos para la galería. Pero no creo que el supuesto consenso en torno al derecho a decidir resistiera un debate sobre la forma de concretarlo.

·       Interrogado en una encuesta, ¿quién se va a oponer a una consulta “para que los catalanes puedan votar” o para que “puedan escoger libremente su futuro”? El nacionalismo ha conseguido crear una “espiral del silencio” en la sociedad catalana en torno al derecho a decidir. Como comentábamos anteriormente, oponerse al mismo supone el riesgo de ser calificado como anti-demócrata.

Por otra parte, cabe preguntarse cuál sería el porcentaje de catalanes que apoyaría una consulta sobre los recortes de la Generalitat. ¿Tal vez mayor que el que apoyaría una consulta “de autodeterminación”? Pero ¡ah! Eso no interesa a los políticos ni a los periódicos que hacen encuestas políticas.  

A modo de conclusión

Derecho… Decidir… Hermosas palabras. ¿Quién se va a oponer a nuestro derecho a decidir, a que podamos determinar libremente nuestro futuro?

El “derecho a decidir” es uno de los grandes hallazgos del nacionalismo. Un hermoso envoltorio para sus verdaderos objetivos, un eficaz edulcorante para que el trago amargo de la independencia sea más llevadero. “Votar, queremos votar… decidir, queremos decidir…” es el mantra que intentan instalar en la sociedad para vencer las resistencias de aquellos que dudan de las bondades de la independencia.

Frente a estas intenciones, debemos recordar que el derecho a decidir es un concepto inventado ad hoc, a la medida de los intereses nacionalistas, con débiles bases teóricas y jurídicas. Y que su ejercicio a través de una consulta en lugar de resolver problemas los crea.

El derecho a decidir no es sinónimo de democracia. La democracia no consiste en responder a una única pregunta cerrada, con opciones de respuesta limitadas, cuando le convenga al que pregunta. Como saben los habitantes de países no democráticos, la democracia no consiste tan sólo en depositar papeletas en una urna.